Una manifestante sostiene un cartel denunciando en "apartheid" de Israel y defendiendo la libertad de los palestinos en una marcha en Londres, el pasado 22 de abril. (Photo: SOPA Images via Getty Images)

“Apartheid”, palabra en afrikáans que significa literalmente “separación”. Hace unas décadas, sirvió para resumir el sistema de segregación racial impuesto en Sudáfrica hasta 1992 y que consistía en la creación de espacios separados, tanto en vivienda, educación y ocio para los diferentes grupos raciales del país. Blancos por un lado, con el poder exclusivo para ejercer el voto y la autoridad hasta de vetar matrimonios interraciales, y negros por otro, sin un mísero derecho.

Una palabra con mucho dolor dentro, mucha injusticia. Toda viene a la cabeza con un puñado de letras. El mundo sabía a la perfección a qué se refería, qué violaciones de derechos humanos escondía, por qué luchaba contra ese maldito término Nelson Mandela. Aquel apartheid murió pero, ¿sobrevive en otros lugares del mundo? Organizaciones internacionales del peso de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, además de incontables ONG locales, sostienen que sí, que pasa a diario en Palestina, por imposición de Israel. Que hay un sistema que discrimina, separa y privilegia, aunque la comunidad internacional, por múltiples presiones, se niegue a bautizarlo. Ahora, por primera vez, Naciones Unidas ha dicho que sí, que existe y que así hay que denunciarlo. Histórico.

Y es que algo se mueve: en febrero, Michael Ben-Yair, exfiscal general de Israel, publicó un artículo en el periódico irlandés The Journal donde denunciaba y condenaba abiertamente este régimen. “Entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, es Israel el que está privando permanentemente a millones de palestinos de sus derechos civiles y políticos. Este es el apartheid israelí”, acusa. En ese mes, Amnistía presentó su informe más demoledor hasta el momento, generando un impacto formidable hasta el punto de que Israel trató de frenar su publicación y, cuando vio que era imposible, de desacreditarlo. No sólo es que se hiciera eco la prensa, sino que ha generado debates intensos en Gobiernos occidentales: en el Parlamento de Canadá y en las familias más progresistas del Partido Demócrata de Estados Unidos.

Ya no es cosa de oenegeros. Carlos de las Heras, responsable de Israel y los Territorios Palestinos Ocupados de Amnistía Internacional España, reconoce que el informe de Michael Lynk, relator especial de la ONU para la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, ha sido “todo un reconocimiento, un espaldarazo” a la labor de años de las asociaciones que parecían clamar en el desierto. “Confirma la preocupación que hay en el ámbito de la sociedad civil por lo que sucede en la zona, eso muy positivo, lo que esperamos es que tenga recorrido”, reconoce. Asume que igual que hace 60 años se sabía “perfectamente” qué era el apartheid y por qué era despreciable, en el caso del conflicto palestino-israelí cuesta más “porque se habla de violaciones de derechos humanos, pero no se aplica un término concreto que defina esta situación. Y el término que define esta situación es muy claro, es apartheid”, concluye.

Un niño palestino infla un globo delante de soldados israelíes de patrulla por Hebrón, Cisjordania. (Photo: Bernat Armangue via AP)

Lo que fija el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) es que el apartheid está considerado como un crimen de lesa humanidad y que el denominador común para usar el término con justicia es que estas medidas sirvan para mantener un sistema que busque preservar una estructura geográfica determinada, con un grupo étnico que domina y controla al resto.

Lynk, que entregó sus conclusiones en marzo pasado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sostiene que un sistema político “que prima los derechos políticos, legales y sociales fundamentales” de un grupo por encima de otro, en la misma zona geográfica, y en base a su identidad racial-nacional-étnica, cumple la definición legal del apartheid. Y eso es lo que ha visto que hace Israel. Define que el sistema político y jurídico actual es “profundamente discriminatorio” y “privilegia a los 700.000 colonos judíos israelíes que viven en los 300 asentamientos ilegales israelíes de Jerusalén Oriental y Cisjordania”. Recuerda a los tres millones de palestinos de Cisjordania que “viven bajo un régimen opresivo”, entre muros, puestos de control y amplia presencia policial, y otros dos millones en Gaza, bloqueada desde 2007.

Más: afirma que el Gobierno militar de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados se ha construido “deliberadamente con la intención de perpetuar los hechos sobre el terreno”, y con el fin de diseñar, desde un punto de vista demográfico, “una reivindicación permanente, e ilegal, de la soberanía israelí sobre los territorios ocupados, mientras se confina a los palestinos en reservas más pequeñas de tierra desconectada”. Esta situación, dice, se ha logrado con mucho tiempo de por medio y “mediante una serie de actos inhumanos” cometidos por los uniformados. De ahí que al autor del informe lo estén llamando “enemigo de Israel” o “antisemita” desde determinadas organizaciones projudías y proisraelíes.

De las Heras constata que estamos no ante casos puntuales sino ante algo sistémico, pensado y organizado, estructurado para que funcione así, desde que el estado se declaró, este sábado hace 74 años. “Desde entonces, lo que han hecho los sucesivos Gobiernos ha sido poner en marcha una serie de políticas para establecer y mantener un sistema de hegemonía demográfica judía y maximizar así su control sobre la tierra, en beneficio de israelíes judíos, únicamente. Al mismo tiempo, se han restringido cada vez más los derechos de la sociedad palestina y se impide que otras personas palestinas refugiadas puedan volver a sus hogares”, explica.

Tanto el informe de la ONU como el de Amnistía están cuajados de casos concretos que entrarían en la denominación de un crimen de apartheid. El primero es la fragmentación territorial, la separación entre Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental, territorios donde la comunidad palestina no puede estar en contacto con sus convecinos por la partición impuesta por Israel, a la que se añaden las colonias que horadan la tierra. La comparación con un queso gruyere siempre es acertada.

Le sigue el sistema de segregación y control, “esto es: los israelíes están en unas partes y los palestinos en otras”, dice De las Heras. Y resumen con un gráfico: “No te quiero ni contar lo que hay que hacer para cruzar de unas zonas a otras”.

Cita también la desposesión, desde las demoliciones de viviendas a la expansión de los asentamientos, pasando por desalojos forzosos de los que son objeto los palestinos, además de “la negación de determinados derechos económicos y sociales”, como el de la salud o el acceso al agua.

“Con la misma intención de mantener ese sistema”, Israel aplica traslados forzosos, detenciones administrativas, malos tratos y torturas sobre los detenidos. El reporte de la ONU no se corta en hablar además de ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales, castigos colectivos, un sistema judicial militar “abusivo”, un índice “alarmante” de muertes de niños y periodos de intensa violencia militar, como el de hace un año en Gaza.

Amnistía pone el foco con especial esmero en el apartheid contra las personas refugiadas, entre cinco y seis millones de palestinos que están fuera de Israel y de los territorios ocupados, a los que Tel Aviv “les niega su derecho al retorno”. “Eso también responde a esa táctica de imponer una mayoría demográfica; si pudieran regresar es una amenaza, muchísimo mayor. Quieren evitar que crezca la población palestina, porque es un riesgo para Israel y muchas de las políticas impuestas por sus gobiernos responden a eso, a fomentar esa superioridad demográfica judía”, dice su portavoz.

Son crecientes las dificultas que afrontan las organizaciones, incluyendo la ONU, para recopilar datos e investigar independientemente. De las Heras recuerda que hay acoso a sus investigadores y que hay ONG locales a “calificadas como terroristas, con activistas detenidos, algunos incluso espiados”. Pegasus, “ahora tan de moda”, sirvió hace mucho a este propósito.

Trabajadores palestinos tratan de cruzar el 'checkpoint' de la colonia de Maale Adumim, Cisjordania. (Photo: Oded Balilty / Associated Press)

Tanto en Amnistía como en la ONU coinciden en que, diagnosticado el problema y definiéndolo con el término correcto, queda impedirlo y lograr que quien lo aplica asuma sus responsabilidades. Link, el relator, denuncia la “inacción” de la comunidad internacional. “El Consejo y la Asamblea han criticado repetidamente a Israel por desafiar sus resoluciones. Han amenazado con consecuencias. Pero nunca se han rendido cuentas. Si la comunidad internacional hubiera actuado de verdad en sus resoluciones hace 40 o 30 años, hoy no estaríamos hablando de apartheid”, zanja.

Carlos de las Heras entiende que “entran en juego muchísimos intereses políticos, económicos, demográficos… ” sobre los que nunca han estado los “esenciales”, los humanos. “Lamentablemente, hasta ahora en el conflicto es uno de los grandes temas olvidados, sólo nos acordamos ante alguna ofensiva o atentado”, se duele.

Aún así, reconoce que “hay pequeños avances” en los últimos tiempos, aunque sean “insuficientes”. El mayor es que en 2019 la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, pidió investigar crímenes de guerra en Palestina. Cree que se dan los criterios necesarios para iniciar una investigación solvente. “Se abre la ventana a poder acabar con la impunidad, es la oportunidad de que los culpables sean llevados ante la justicia”, indica el especialista de AI. No obstante, el proceso es largo y complejo y aún no ha dado resultados concretos. “Queda tiempo”, se resigna.

Aunque las cosas se muevan, aunque se pronuncien palabras innombrables, la realidad aún no cambia.

Este artículo apareció originalmente en El HuffPost y ha sido actualizado.

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San Salvador, 21 jul (EFE).- Una comisión normalizadora, designada por el Comité Directivo del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), tomó este jueves las riendas de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), entidad que está siendo investigada por la Fiscalía por lavado de dinero. Dicha situación se da a pesar que la FIFA calificara de "injerencia indebida" la creación de una comisión normalizadora del fútbol por parte del gubernamental INDES y advirtiera, en una carta difundida el miércoles, de la posibilidad de una suspensión de la Fesfut. Los miembros de la comisión se reunieron hoy con los trabajadores administrativos de la Fesfut y también recibieron a algunos presidentes de equipos de la Primera División. Dicho encuentro aún no finaliza. La comisión está integrada, de acuerdo con la información del INDES, por el argentino Lucas Juan Labbad (presidente), el español Rúben Ramírez (secretario), Dorys Rascón (primera directora) y Rodrigo Miranda (segundo director). Labbad fue gerente general del Boca Juniors entre 2012 y 2020, también integró diferentes comisiones de la Súperliga Argentina y actualmente es docente universitario y asesor de instituciones y deportistas de la región, detalló el INDES. Se tenía previsto que los miembros de dicha comisión brindaran la tarde de este miércoles una conferencia de prensa, pero la misma no se ha llevado a cabo. El presidente INDES, Yamil Bukele, aseguró el miércoles que "no hay injerencia" de parte de dicha entidad en la Fesfut, la cual fue allanada el 15 de julio por la Fiscalía como parte de una investigación por lavado de dinero. Además del allanamiento, un tribunal de ética, adscrito al INDES, ordenó el cese de los miembros del Comité Ejecutivo de la Fesfut la semana pasada y mandó la creación de una comisión normalizadora a raíz de que supuestamente las autoridades del balompié se negaron a homologar sus estatutos con la ley local. En una carta enviada a la Fesfut, FIFA señaló que el Comité Ejecutivo de la Fesfut "es el único órgano ejecutivo que ha sido electo democráticamente por el Congreso de la federación, órgano legislativo y supremo". Advirtió en la misiva, difundida por las redes oficiales de la Fesfut, que si la comisión no es retirada antes del lunes 25 de julio del 2022 a las 12.00 horas (hora de Suiza), "el asunto se someterá inmediatamente al Bureau del Consejo de la FIFA para que tome una decisión, que podría incluir, entre otras, la suspensión de la Fesfut". La Fiscalía allanó la semana pasada las instalaciones de la Fesfut en una investigación por posible administración fraudulenta y lavado de dinero después de que Yamil Bukele, hermano del presidente Nayib Bukele, presentará un aviso. Las tres ligas salvadoreñas se encuentran paralizadas desde el fin de semana pasado, dado que no ha existido autorización a los árbitros para pitar los encuentros. (c) Agencia EFE

Lisboa, 21 jul (EFE).- Portugal registró 19 asesinatos de mujeres y niñas en el primer semestre de 2022, de los cuales 16 fueron femicidios (9 más que los notificados en el mismo periodo de 2021), según divulgó este jueves la Unión de Mujeres Alternativa y Respuesta (UMAR) lusa.

La Fiscalía de Perú informó este jueves sobre la puesta en marcha de una nueva investigación preliminar en contra del presidente del país, Pedro Castillo, por presuntos delitos contra la Administración de Justicia y encubrimiento personal. Esto luego que el pasado martes el exministro del Interior, Mariano González, lo acusara en declaraciones a los medios de obstrucción a la Justicia. Es la cuarta investigación contra el mandatario en poco menos de un año en el cargo.

Palma, 21 jul (EFE).- Un motorista de 50 años ha muerto este jueves al colisionar contra un coche en la carretera que va de Porto Cristo a s'Illot, en la isla de Mallorca.